Aunque pasaron más de dos décadas, el default de 2001 sigue generando costos para la Argentina. Tras años de reestructuraciones, canjes y acuerdos extrajudiciales, el Gobierno de Javier Milei deberá ahora cerrar un capítulo pendiente: pagarle a los últimos holdouts con sentencia firme en Estados Unidos.
La administración libertaria, que celebró recientemente el fallo favorable en la apelación por la expropiación de YPF, enfrenta ahora un escenario distinto: un acuerdo que implica desembolso.
Según una carta enviada por el estudio de abogados que representa al país a la jueza Loretta Preska, el Gobierno firmó el 1 de abril un acuerdo definitivo con los fondos demandantes. El pacto está sujeto a la aprobación del Congreso Nacional y, según fuentes oficiales, sería remitido al Parlamento en los próximos días.
La información fue difundida por el analista Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales contra la Argentina.
Quiénes son los fondos y qué reclamaban
Argentina enfrentaba pedidos de embargo impulsados por dos grupos de acreedores que rechazaron todos los canjes posteriores al default:
- Un grupo liderado por Attestor, junto con Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, con un reclamo cercano a USD 500 millones.
- Otro encabezado por Bainbridge, por unos USD 95 millones.
Ambos contaban con sentencias firmes e inapelables, habilitadas por la Corte Suprema norteamericana, lo que les permitió avanzar sobre activos argentinos en el exterior.
Embargos previos y el monto final en discusión
El año pasado, los fondos ya habían logrado embargar USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, fondos que el país mantenía como colateral de los bonos Brady.
De ese total:
- USD 210 millones quedaron en manos del grupo Attestor.
- USD 100 millones fueron bloqueados por Preska, ya que también eran reclamados por Bainbridge.
Por eso, el acuerdo que el Ejecutivo enviará al Congreso debería ser por un monto menor al reclamo original, y se estima que rondaría menos de USD 200 millones, aunque el detalle definitivo se conocerá recién cuando el texto ingrese al Parlamento.
Suspensión de la causa y freno a embargos sobre empresas públicas
El entendimiento alcanzado en marzo permitió que las partes pidieran a Preska suspender el litigio, lo que en la práctica frenó medidas de presión judicial que apuntaban a avanzar sobre activos sensibles.
Entre ellos, pedidos para que Argentina entregara acciones o bienes vinculados al Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o incluso YPF.
Un frente que viene desde el pago de Macri
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri había acordado el pago de USD 9.300 millones a un grupo importante de holdouts, lo que permitió levantar las cautelares judiciales en Estados Unidos y salir del default técnico.
Sin embargo, quedó un remanente de bonistas que continuó litigando pese a que los canjes de 2005 y 2010 lograron una adhesión superior al 95%.
Ahora, con el nuevo acuerdo a punto de ingresar al Congreso, el Gobierno busca cerrar definitivamente uno de los últimos conflictos abiertos por la cesación de pagos de 2001, en un contexto donde la estrategia oficial combina el discurso de orden fiscal con la necesidad de despejar riesgos judiciales externos.